
La Corte Provincial –por mayoría- dictó dos resoluciones administrativas en las que permite que dos parejas –una en Empedrado y otra en Santo Tomé- puedan inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de Corrientes (RUA Corrientes).
Si bien los dos matrimonios cumplieron con la totalidad de los requisitos impuestos por la normativa y los informes socio-ambientales y psicológicos eran óptimos, ambos solicitaban esa inscripción para dar salida legal a una guarda judicial que ya tenían otorgada.
Es decir, solicitaban ser inscriptos para adoptar a quienes ya tenían bajo su cuidado, y con quienes ya tenían un vínculo afectivo, cuando la inscripción sólo supone la intención genérica de adoptar, y no está relacionada a alguien en concreto.

En el caso de Empedrado, el matrimonio cuidaba por orden judicial a una adolescente de 17 años y al hijo de ésta, un niño de 3. En el caso de Santo Tomé, la pareja cuidaba, también por orden judicial, a un chico de aproximadamente 14 años.
Lineamientos
El art. 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar tienen derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. Y que entre esos cuidados especiales figura, entre otras medidas, la adopción.
En Argentina la adopción está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación que establece que sólo puede adoptar la persona que se encuentre inscripta en el registro de adoptantes.
Por su parte, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, creado por Ley N° 25.854, es un órgano administrativo cuyo objeto es la confección de la lista de aspirantes a guarda con fines de adopción. Ese Registro debe admitir o denegar los pedidos de inscripción en la lista de aspirantes formulada por los interesados.

Voto en mayoría
Los Ministros doctores Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan, entendieron que se respetaba el Interés Superior del Niño, pauta que debe valorarse al momento de adoptar medidas que pueda incidir en la situación y los derechos N.NyA.
En su fundamentación el doctor Panseri reconoció la responsabilidad que asumieron los adultos de brindarles a chicos un ambiente familiar seguro y estable, amparo afectivo y material, de manera absolutamente desinteresada.
“No permitirles la inscripción pondría un obstáculo insalvable a su decisión de adoptar ya que la inscripción del aspirante en el Registro es una condición para solicitar la guarda pre-adoptiva y luego la adopción definitiva” y “(…) se adoptaría una postura que implica desalentar actos de altruismo y humanidad que deberían promoverse en nuestra sociedad”.
Por su parte el doctor Semhan consideró que se les reconocía a las parejas regularizar su situación y ajustarla a derecho. Esa admisión –agregó- no implicaba abrir juicio sobre la cuestión de fondo, ya que sería el Juez competente quien evaluará si los postulantes se encuentran o no en condiciones de ejercer la guarda pre-adoptiva de los niños y adolescente bajo su cuidado y eventualmente, obtener la adopción”.
A esta postura también adhirió el doctor Niz.
Voto en minoría
Por su parte, los doctores Luis Eduardo Rey Vázquez y Alejandro Chain, se mostraron proclives a reenviar directamente los expedientes a los Juzgados de origen que llevan adelante las causas para que sean ellos los que evalúen si las parejas pueden o no aspirar a la guarda con fines de adopción y posteriormente a la adopción.
“Todos aquellos casos no comprendidos en la reglamentación del Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos quedaban sujetos a la decisión del magistrado de la causa” indicaron.
A su entender las solicitudes no se ajustaban estrictamente a la normativa vigente, que está dirigida a obtener la guarda pre-adoptiva de una persona determinada, con quien los solicitantes ya establecieron un vínculo afectivo. La norma (Ley N° 25.854) establece que la inscripción sólo supone la intención genérica de adoptar, no vinculada a un niño, niña o adolescente en concreto; y que la inscripción debe ser previa al inicio de los trámites judiciales y, por ende, al establecimiento de cualquier vínculo con el niño o niña a adoptar.



