
La demandante y su hijo menor de edad obtuvieron un fallo favorable en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, desde donde se ordenó el cese de toda acción u omisión que implicara la limitación de recursos económicos. Los magistrados dispusieron la retención de la licencia y prohibición de conducción del hombre hasta tanto éste cumpliera la cuota alimentaria y resolviera las cuestiones referidas al inmueble familiar.

La deuda de alimentos configura violencia económica en los términos del art. 5 inc. 4 c) de la Ley Nacional de Violencia, N°5019, y los jueces deben ordenar todas las medidas que estimen contribuyan a la mejor solución del conflicto, para lo cual disponen de un amplio margen de discrecionalidad para evaluar los hechos y el derecho en cada situación denunciada.
También la Asesoría de Menores e Incapaces consideró razonable la decisión de la Sala III, ya que entendió acreditada la violencia económica y el incumplimiento deliberado de la cuota alimentaria. La intervención de la Asesoría es necesaria puesto que debe resguardar y velar por los derechos del niño en el proceso judicial.

El Ministro doctor Guillermo Horacio Semhan, autor del primer voto en materia civil y comercial, indicó que la decisión de la Cámara más que causar algún perjuicio “fue asumida en pos del interés familiar y en especial del interés superior del niño”. Recordó que el padre acordó de modo voluntario a favor de su hijo e incumplía “hacía más de un año”, y añadió que el progenitor no pudo explicar en qué consistía el perjuicio “irreparable” que alegaba.
El nuevo Código de Familia, Niñez y Adolescencia, en sus artículos 380 y 381, refiere a la inaplicabilidad de las sentencias definitivas de la Cámara, caso que aquí no acontece, porque el recurso planteado por el padre no se dirige a una sentencia definitiva ni equiparable a tal. Y la ausencia del recaudo de definitividad en el pronunciamiento recurrido no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por una pretendida arbitrariedad en la decisión judicial, o por una citada errónea interpretación del derecho que rige el caso.
El voto fue acompañado por los doctores Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vazquez, Eduardo Panseri y Alejandro Alberto Chaín.









